Tras un prolongado silencio, que inclusive generó tensiones puertas adentro, el denominado Grupo de los Seis (G-6), integrado por las principales entidades empresariales de Córdoba, emitió un duro documento para cuestionar las políticas tributarias de la Nación, de la Provincia y, particularmente, de la nueva gestión municipal en esta Capital.
Si bien el documento, titulado “Profundo malestar en el sector productivo por el aumento de la presión fiscal”, se refiere a los incrementos producidos en las tres jurisdicciones y reclama una reducción del gasto público, la mayor intensidad en los reclamos apunta al intendente Martín Llaryora.
“En lo que se refiere a municipios, en particular a la ciudad capital, se observa con preocupación la imposición y anuncio de nuevas tasas y otros esquemas recaudatorios como el Fondo Solidario de Inclusión Social, la tasa sobre la transferencia de inmuebles, etcétera”, analiza el G-6.
Para los empresarios, “muchas de estas nuevas imposiciones resultan irracionales, de dudosa legalidad y desproporcionadas respecto de los servicios que se prestan”, recalca uno de los párrafos más duros de la declaración.
La tasa sobre la transferencia de inmuebles, creada por Llaryora, representa el 0,5 por ciento del valor declarado de la propiedad y ya fue cuestionada por entidades de escribanos, desarrollistas y corredores inmobiliarios.
Al G-6 lo integran las cámaras de Comercio, de Comercio Exterior, la delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, Fedecom, la Unión Industrial y la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Malestar creciente
Por otro lado, el G-6 consideró “insostenible que el equilibrio fiscal se logre mediante el incremento de la presión impositiva, al comercio exterior y al trabajo” y alertó que la actual carga tributaria “hace inviables muchas actividades económicas y conspira contra la posibilidad de creación de empleo genuino”.
El G-6 hizo referencia a la suspensión de la vigencia del Consenso Fiscal, hecho que calificó como “una señal negativa en todo sentido porque deja librada a la discrecionalidad de cada jurisdicción la posibilidad de multiplicar la presión tributaria”.
En esa línea, planteó que la Provincia de Córdoba “no debería subir la carga tributaria, en especial el Impuesto a los Ingresos Brutos que pesa sobre el sector privado”.
En su parte final, el documento recalca que tanto “los sectores productivos como la ciudadanía en general necesitan que los distintos niveles del Estado hagan esfuerzos genuinos y sostenidos para la reducción del tamaño del Estado y de todo gasto público innecesario”, refirió.
“Hasta el momento –advirtió el Grupo–, no se ha hecho casi ningún esfuerzo en ese sentido por parte del sector público, mientras que es el sector privado quien lleva la mayor carga de la actual crisis”.
Tras la emisión del comunicado, el Gobierno provincial hizo trascender su profundo malestar con las entidades empresariales. “Pareciera que no valoran el esfuerzo que hacemos el conjunto de los cordobeses”, dijeron desde el entorno del gobernador Juan Schiaretti.
Recalcaron, además, que “la Provincia no aumentó los impuestos” a la producción, sino que adhirió a la resolución nacional de suspender la baja prevista para 2020, que se debía financiar con un crecimiento económico que no ocurrió. Aseguraron, además, que tanto la industria como el agro cordobés seguirán sin pagar Ingresos Brutos.
La ampliación rige para el Inmobiliario y el Automotor.
Hasta el 28 de febrero. Tras la polémica por los aumentos aplicados, la Municipalidad de Córdoba anunció que los vencimientos de los primeros pagos de las contribuciones sobre Inmuebles y sobre los Automotores fueron prorrogados hasta el 28 de febrero.
En esa fecha vencerán las primeras cuotas y la cuota única.
Inicialmente, el Inmobiliario vencía el lunes 10 de febrero (primera cuota, cuota única y primera media cuota) y el Automotor, el 12 de febrero (primera cuota) y el viernes 14 (la cuota única).
Fuente: La Voz del Interior
