Redacción de El Litoral
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“En la sociedad argentina, prevalecen las aspiraciones de promover la inclusión y la justicia social. Para que esto se concrete, es imprescindible una estructura tributaria menos regresiva. La crisis fiscal es la oportunidad para avanzar en disminuir impuestos distorsivos y fortalecer los tributos que gravan la riqueza”.
El párrafo pertenece a un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, según el cual “en Argentina la recaudación por impuesto a las ganancias es de 2,2% del PBI y de impuestos a la propiedad del 0,9% del PBI.
“En los países de la OECD (mayormente avanzados), la recaudación por impuesto a las ganancias es de 8,5% del PBI y de impuestos a la propiedad es de 2,0% del PBI. Es decir que, mientras en Argentina los impuestos progresivos aportan 3,1% del PBI, en los países avanzados estos impuestos generan 10,5% del PBI”, advierte el informe.
El análisis llega en medio del debate sobre las retenciones. No son pocas las voces -muchas de ellas “progresistas”- que reclaman que el gobierno de Mauricio Macri detenga la rebaja progresiva para atender urgencias. “No es un impuesto inteligente”, ha señalado el jefe de Estado.
El economista Juan Manuel Garzón -del Ieral, Fundación Mediterránea- calculó para La Nación que desde el punto de vista fiscal, detener la rebaja de retenciones al 25% de octubre y mantenerlas allí en 2019, significaría recaudar $27.000 millones más. Una cifra “que luce muy pobre para las necesidades fiscales que tiene el gobierno”, que está planteando recortes del orden de los $ 300 mil millones según el acuerdo con el FMI.
Cabe señalar que desde 1853, la facultad de cobrar derechos sobre exportaciones está en la Constitución reservada al gobierno nacional. La recaudación está destinada solamente a sostener los gastos de la Nación.
En el marco de un esquema fiscal que no ha variado desde los ‘90 y que añadió retenciones bajo la presidencia de Duhalde, la Argentina ha omitido debatir sobre su esquema impositivo y en particular sobre el de retenciones, que le da plata y poder a la Casa Rosada pero no coparticipa recursos “automáticamente”.
Resulta paradójico que haya gobernadores y legisladores que reclamen por las retenciones en detrimento de un esquema que garantice recursos automáticos a los distritos y que sea menos distorsivo para los actores económicos.
Discrecionalidad
Heredero de un escenario tributario “menemista”, el decreto de Cristina Fernández que creó el Fondo Federal Solidario “coparticipa” sólo 30% de lo que se recauda por retenciones a la soja; Ganancias sobre esa cadena significaría coparticipar el 100% de la renta y distribuiría la carga fiscal de forma proporcional y progresiva sobre cada actor de la cadena, evitando que la mayor presión recaiga sobre los productores más chicos como sucede en la actualidad con las retenciones.
De todas maneras, lo más importante del esquema es la “discrecionalidad” en el manejo del fondo. Las retenciones son facultad constitucional del presidente y no lo obligan a repartir la recaudación con las provincias. En la recaudación de Ganancias, en cambio, el presidente pierde ese “poder” de manejar a quién y cuánto reparte de esa caja.
De hecho, Mauricio Macri tiene en el tablero la eventualidad de eliminar el FFS “a sola firma”, volviendo al manejo discrecional en medio del ajuste. La Casa Rosada asegura que las partidas “automáticas” aumentarán; mientras tanto el Ejecutivo usa el poder sobre un recurso “regresivo” que no coparticipa.
“En la Argentina, se recauda con impuestos progresivos apenas un tercio del monto que este tipo de tributo genera en el mundo desarrollado. Se trata de una flagrante contradicción con los discursos y las aspiraciones de construir una sociedad más igualitaria, inclusiva y con más justicia social”, sostiene Idesa.
Un escenario distinto
Idesa señala que “en el caso de los impuestos patrimoniales de manera gradual y silenciosa fueron perdiendo importancia. Se dio tanto en el nivel nacional (bienes personales) como subnacional (inmobiliario y automotor). En la Argentina, se cobran menos de la mitad de los impuestos a la propiedad que en países desarrollados hacen recomendable poner énfasis en este tipo de tributo.
“Una propuesta técnicamente consistente y políticamente viable para ser implementada en muy corto plazo es suspender la reducción de la alícuota del impuesto a los bienes personales prevista para el año próximo y disponer que el monto recaudado sea derivado de manera automática a la provincia donde tiene domicilio el contribuyente. Junto con ello, se podría establecer que parte del impuestos inmobiliario y automotor sea considerado como pago a cuenta de bienes personales. A futuro habría que avanzar en la total unificación de estos impuestos y trasladar su administración a las provincias”, ejemplifica.
