ConstiTuya, una red de "inteligencia colectiva" que reúne expertos en temas de política pública, propuso este jueves 20 medidas complementarias a las del Gobierno, para garantizar la supervivencia de 100.000 Pymes y proteger un millón de empleos. Las recomendaciones ponen el foco en apalancar la liquidez y la solvencia de las empresas.
En cuanto a la liquidez, varias de las propuestas se centran en el uso de lafactura de crédito electrónica (“FCE”). Entre ellas, ConstiTuya recomienda bajar de 30 a 15 días el plazo para la aceptación tácita. Además, para darle una mayor profundidad al mercado de este instrumento, sugiere el aval de la factura por parte de las Sociedades de Garantía Recíproca (“SGR”), a fin de que este tipo de facturas sean consideradas instrumentos Pyme.
Paralelamente, la red sostiene que, como las grandes empresas no tienen la costumbre de pagar a la Caja de Valores, posibilitar el débito automático del importe de la FCE "haría más práctico el sistema". Las sugerencias también incluyen el descuento de fácturas en dólares y eliminar el monto mínimo por facturas, actualmente de $147.500.
En el mismo sentido de incrementar la liquidez, la ruta de trabajo también hace hincapié en la consolidación de las cuentas tributarias. Para ello, propone que todas las deudas y créditos impositivos se consoliden en una sola cuenta para que cualquier crédito pueda ser usado para el pago de cualquier deuda impositiva contraída hasta junio de 2020.
Otras alternativas novedosas que pone sobre la mesa el informe de ConstiTuya es la posibilidad de que los créditos fiscales puedan volverse un valor negociable en un mercado secundario y que puedan ser representados en un activo digital blockchain de manera de permitir su fraccionamiento y utilización entre los diversos participantes de la economía mediante billeteras electrónicas.
La red también propone derogar regímenes de recaudación anticipada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. "Los saldos a favor de este impuesto constituyen un activo inmovilizado para los contribuyentes, que el paso del tiempo evapora y derrite quitándole a las empresas la disponibilidad para hacer frente a otros compromisos tributarios o canalizarlos en inversiones", explicaron.
Respecto de Ingresos Brutos también se recomienda la reducción de alícuotas en actividades castigadas por la pandemia como ser el comercio minorista, hoteles, restaurantes, bares, cine, y la adecuación de las tasas municipales al costo de la prestación del servicio eliminando de la base imponible el monto de ventas del contribuyente.
En cuanto a la solvencia, ConstiTuya pide que se otorguen privilegios a nuevos acreedores que prestan a empresas que están en convocatoria de acreedores o APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial), para acceder así a nuevo financiamiento y evitar la quiebra de la empresa. En la misma línea, sostiene como deseable la idea de que los acreedores de todo deudor con dificultades económicas o financieras puedan, a los efectos de permitir la obtención de capital de trabajo por parte del deudor, pactar la subordinación de sus respectivos créditos.
Desde la organización, que contó con los aportes de Pedro Cascales, Alejandro Dillon, Roberto Fortunati, César Litvin, Manuel Solanet (h) y Eduardo Levy Yeyati, destacaron que las recomendaciones tienen un costo fiscal bajo, o nulo, y que ya se pusieron en contacto con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Banco Central y la AFIP, con el objetivo de viabilizar estas propuestas de manera rápida.
Fuente: Ámbito
