Novedades

Encuesta
La Secretaría de Emprendedores y Pymes queda a cargo del Régimen de Economía del Conocimiento (18/10/2019)
La Secretaría de Emprendedores y Pymes queda a cargo del Régimen de Economía del Conocimiento

El Ministerio de Producción designó como autoridad de aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, creado por la ley 27506, a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la resolución 1084/2019 publicada ayer en el Boletín Oficial.

La misma facultó al área que conduce Mariano Mayer para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias, para el adecuado funcionamiento del régimen. La ley de Economía del Conocimiento, reglamentada esta semana, otorga beneficios impositivos a empresas de las industrias de software, producción audiovisual, biotecnología y nanotecnología, entre otras actividades.

Se trata de la norma que renueva y amplía la promoción que tuvo la industria de software, y que entra en vigencia en enero del 2020. La ley establece estabilidad fiscal a partir de su inscripción en el Registro Nacional de beneficiarios, que alcanzará a todos los tributos
nacionales, lo que incluye los aranceles a la importación y exportación, según el artículo 7 de la ley, entre otros beneficios impositivos.
La reglamentación establece entre los requisitos a cumplir para poder ser beneficiario de la promoción, que 70% de la facturación anual de la persona jurídica se genere por alguna de las actividades incluidas (software, biotecnología, nanotecnología, etcétera).
Como la norma también incluye la exportación de servicios profesionales, la reglamentación prevé que el porcentaje baja a 45% si se trata de una pyme o micro empresa, así como un profesional sin relación de dependencia.
Respecto de la inversión destinada a investigación y desarrollo, la reglamentación dispone que entren en los beneficios fiscales quienes destinen como mínimo tres por ciento de la facturación a esta actividad; del 8% para los gastos en capacitación de los empleados.

Fuente: Comercio y Justicia