La Argentina duplica a Chile y a los países desarrollados en su tasa de evasión. Los impuestos distorsivos implican el 10,45% del Producto; son los que más frenan la inversión y el desarrollo.
Por Gabriela Origlia
Ningún país comparable con la Argentina tiene un sistema impositivo tan contrario como el local a la inversión, al desarrollo y al progreso social. La conclusión se desprende de un trabajo del economista Juan Llach sobre la presión fiscal que destaca cuatro problemas principales: excesiva presión impositiva; alta evasión; carga tributaria contraria a la inversión y a la competitividad y mala calidad y baja recaudación de los impuestos progresivos.
Explicó que si se redujera a la mitad el 40% de evasión (incluyendo IVA, Ingresos Brutos y Ganancias) se podría “eliminar de un plumazo todas las cargas distorsivas y el déficit”. La evasión local es más del doble que en Chile (19,6%) y países desarrollados (16,4%), y 4 o 5 veces la de países nórdicos.
La presión tributaria del año pasado fue de 34,1% del PIB y 35,9% con el impuesto inflacionario incluido; la carga deja a la Argentina en el puesto 36 entre 116 países. Por otro lado, el gasto público consolidado fue de 40,5% del Producto (el promedio de los países desarrollados es de 38,9%), ubicándose en el rango 28 entre 116 medidos.
“Ningún país en el mundo registra una decadencia tan larga y relativa como la Argentina; ninguno lleva 73 años de ‘inflación crónica’ y la Argentina es la única economía bimonetaria en el mundo –describió Llach en la jornada organizada por la Fundación Mediterránea-. No hay manual de procedimiento de cómo hacer para gestionar, en una economía bimonetaria, la herencia que recibió este gobierno”.
El economista se concentró, en su análisis, en los impuestos anti-desarrollo (“distorsivos”) que incrementan costos o bajan precios y que, hasta 2015, sufrieron un aumento sostenido con el consecuente agravamiento de “nuestro síndrome anti-desarrollo”. En Argentina la inversión cae sostenidamente desde 2007. En 2017 alcanzó 15,2% de Producto, lo que deja al país en el puesto 122 entre 133 (entre los cuartos trimestres de 2016 y 2017 la inversión subió de 14,2% a 15,2% a precios corrientes y de 19,3% a 22,4% a precios constantes).
Entre 2011 y 2015, el PIB cayó 6%, peor que en 164 de los 181 países que miden los organismos internacionales y la inflación fue la tercera más alta del mundo. El año pasado se recuperaron la inversión y el crecimiento, dando inicio a un proceso que “puede perdurar, pero requiere varios períodos de gobierno”.
Llach enfatizó que 10,45% del PBI ($45.000 millones) en Argentina son impuestos distorsivos; en Brasil, equivalen a 6.6%; en Corea y Estados Unidos, 2%; en Uruguay, 0.8%; y en Chile 0.6%. El promedio en los desarrollados es de 0.6%. Del global, las provincias son responsables del 41.5% y los municipios de 9%. En conjunto recaudan 50.5% de los impuestos distorsivos y 66,6% de los distorsivos legislados.
El trabajo remarca la baja incidencia y calidad de los impuestos progresivos (ingresos y propiedad) que recaudan 6,1% del PIB versus 13,1% en los países desarrollados y 8% en Brasil, Chile y Uruguay. Argentina recauda 200.000 millones de pesos menos que sus vecinos.
“El grueso de nuestra presión tributaria surge de impuestos al trabajo y de otros contrarios a la equidad, como el IVA y los distorsivos ya mencionados –agregó-. También hay muchas inequidades en los impuestos progresivos”. Por ejemplo, el mínimo no imponible de Ganancias a las personas en porcentaje del ingreso medio es dos veces más en Latinoamérica cuatro veces más en los desarrollados; en proporción al salario medio argentino es 1,2 veces; Suecia, 1.1 y Chile 0,6.
Insistió en que hay que Integrar ganancias y aportes personales. Un asalariado que gana $10000 por mes paga 14%, un autónomo paga 11,1%. Peor aún, ganando $80.000 pesos, el asalariado paga 15.5% (apenas más que el de 10.000), un autónomo 8,6% y un monotributista 6,8%.
A su entender es una “gran injusticia social, ejecutada desde hace tiempo por el Estado, a la que se agrega que los jueces y otros funcionarios judiciales están exentos de pagar ganancias, aunque si lo harán los incorporados a partir de este año; todavía está en debate quiénes”.
Fuente: Alfil
