Un informe elaborado por la universidad privada española IE University y la Secretaría General Iberoamericana relevó el estado actual de la “economía con propósito” en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal y España.
Las empresas diseñadas para tener un impacto social o medioambiental positivo representan más del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) iberoamericano y se espera que jueguen un rol decisivo en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Empresas con propósito: el auge del cuarto sector en Iberoamérica”, realizado por el Center for the Governance of Change (CGC) de la universidad privada española IE University en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). En el estudio se analiza el estado actual de la “economía con propósito” en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal y España.
Así, se muestra que en Iberoamérica existen más de 170 mil empresas “con propósito”, que emplean a 10 millones de trabajadores en distintos sectores: desde el agroalimentario al tecnológico y que compaginan su actividad comercial con medidas destinadas a combatir el cambio climático, mitigar la pobreza y reducir la desigualdad.
Estas compañías tienen distinta formación. Son cooperativas, mutuales, empresas B, firmas de triple balance, etc., y tienen movimientos diversos, que incluyen la economía circular, el emprendimiento social o la banca responsable, entre otros.
Dado su particular compromiso con el medioambiente y la justicia social, estas empresas con propósito acercan a la región a la consecución de los 17 objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Sin embargo, la mayoría de ellas no logra alcanzar la escala suficiente para tener el impacto que el mundo necesita.
Según Diego Rubio, coordinador del estudio, ello se debe a que no existe un ecosistema propicio para ellas. “Una vez incubadas, las empresas con propósito se ven obligadas a competir en un marco económico y regulatorio que no ha sido creado para ellas, sino para las empresas for profit tradicionales, que tienen a priorizar los beneficios frente al impacto. Es decir, el problema no está en la semilla, sino en la tierra”.
Necesidades
Para solucionar esta carencia, el estudio propone la creación de un nuevo espacio regulatorio que se adapte a las características únicas de estas empresas y las ayude a crecer sin tener que renunciar a sus valores y a su voluntad de impacto social. A este espacio se le llama “el cuarto sector”, por encontrarse en la intersección de los tres sectores tradicionales (privado, público y sin ánimo de lucro).
Según Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana y co-chair de la Fourth Sector Development Initiative del Foro Económico Mundial, para los ciudadanos el desarrollo sostenible, la desigualdad y el cambio climático no son asuntos “sólo de los gobiernos”, sino que exigen un papel más activo de las empresas.
El estudio analiza la situación actual del cuarto sector en siete países y proporciona una serie de recomendaciones específicas para todos ellos.
En este sentido, Diego del Alcázar Benjumea, Vicepresidente de IE University, destacó el compromiso de la institución académica con el desarrollo de proyectos con impacto social.
Recomendaciones para Argentina
Según el informe, a pesar de que las cooperativas y las mutuales -que generan más de 4% del valor neto de la producción y emplean a más de 346 mil personas- cuentan con un marco normativo que regula su creación y funcionamiento en el país, las empresas del cuarto sector consideran que las legislaciones nacionales y provinciales resulta insuficientes en lo relativo al tratamiento de la naturaleza, el objeto y el carácter de estas entidades.
En su lugar -se destaca en la investigación- se enfrentan a normativas y políticas que restringen el acceso de estas organizaciones a ciertos mercados y a políticas sectoriales, fiscales, sociales y de empleo.
En tal sentido, el estudio consideró como sus principales retos incrementar la visibilidad del cuarto sector y valorar el impacto social y económico de estas organizaciones con el objetivo de que los ciudadanos se comprometan a contribuir a su crecimiento como consumidores, inversores o empresarios.
Fuente: Comercio y Justicia
