Los problemas que enfrenta la norma marco del sector, sancionada en 2016, y los proyectos que se debaten o esperan por ser debatidos en las diversas comisiones del Congreso nacional. ¿Qué hay en el debe para este sector?
En la Argentina, hay más de 800.000 pymes, que representan el 99 por ciento de las empresas existentes y generan el 70 por ciento del empleo formal, según datos del Ministerio de Producción. Su impacto en la economía nacional justifica la gran cantidad de proyectos de ley que rondan hoy por los despachos del Congreso, y apuntan a beneficiar, fomentar y sostener a este tipo de firmas. Sin embargo, luego de que el año pasado se sancionara la Ley Pyme, una norma marco para el sector, solo algunas de las iniciativas vigentes lograron algún tipo de avance en las correspondientes comisiones legislativas, mientras que la gran mayoría no han recibido tratamiento aún. ¿Qué hay en el debe para este sector?
Las pymes encontraron en el Congreso de la era macrista dos importantes representantes de sus demandas: el bloque Justicialista (BJ), que lideran Oscar Romero (dirigente sindical de SMATA) y Diego Bossio, y el Frente Renovador (FR), de Sergio Massa. Tienen en sus manos las presidencias de las principales comisiones donde se “cocinan” las normas que las afectan –Pymes e Industria, en Diputados, e Industria y Comercio, y Economías Regionales y Pymes, en el Senado– y, en el último año y medio, rompieron con la inactividad y escasa productividad que las caracterizaba. Tal es así que se alzaron con dos leyes importantísimas: la 27.264, que otorga un tratamiento impositivo diferencial y diversas medidas de fomento, y la del Emprendedor, que prevé el alta de una sociedad en tan solo 24 horas.
En la Argentina, hay más de 800.000 pymes, que representan el 99 por ciento de las empresas existentes y generan el 70 por ciento del empleo formal (Ministerio de Producción).
“La mayoría de las demandas que tienen hoy día las pymes están contenidas en la Ley Pyme. El problema es que hay algunos artículos de la norma que aún no fueron reglamentados por el Ejecutivo”, dice el presidente de la comisión de Pymes de Diputados, Pablo Kosiner (BJ), y revela que pocas semanas atrás envió una nota al ministro de Producción, Francisco Cabrera, para solicitarle la reglamentación del Artículo 10. Dicho punto faculta al Gobierno a fijar políticas fiscales diferenciales y tasas de interés subsidiadas para las pequeñas y medianas firmas de las economías regionales y zonas de frontera. “Hay un profundo planteo de las cámaras de Comercio y las asociaciones de pymes por las graves dificultades de competencia que tienen las pequeñas y medianas empresas de esos territorios más postergados”, reafirma. Ahora bien, de los 385 proyectos que esperan tratamiento en el Congreso, solo unos pocos tienen posibilidades de avanzar en los próximos meses.
Con impulso oficial
Sin lugar a dudas, la principal ley que se debate hoy para las pymes es la que reforma de la 25.551, de Compre Trabajo Argentino. La misma establece un régimen de promoción para las empresas de origen nacional en las compras de bienes y servicios, y la contratación de obra pública por parte del Estado. Los diputados de las comisiones de Pymes, Obras Públicas y Presupuesto ya analizan una propuesta impulsada por el Gobierno nacional y ocho proyectos más de la mayoría de los bloques con representación. Todos plantean algún tipo de preferencia para las pymes en las licitaciones, pero desde las cámaras empresarias del sector pretenden ampliar aún más la ventaja. Según estimaciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), una preferencia cercana al 20 por ciento generaría aproximadamente 110.000 puestos de empleo directo.
El oficialismo busca elevar del 7 al 12 por ciento las prioridades en las compras y contrataciones del Estado, mientras que la oposición es bastante más generosa. Un borrador de dictamen elaborado por los justicialistas y presidentes de las dos primeras comisiones donde se debate el tema, Kosiner y Sergio Ziliotto, fija la cuota de preferencia en el 20 por ciento. Además, incorpora una reserva de mercado específica para estas empresas para las adquisiciones menores al $ 1,3 millón y los contratos de obra pública de hasta los $ 100 millones. El massismo y el kirchnerismo, por su parte, coinciden en proponer una preferencia de competencia exclusiva para el sector del 25 por ciento y una reserva también del 25, como mínimo, de licitaciones estatales.
“No es una utopía sacar una ley por unanimidad. Estamos trabajando para lograr una norma lo más consensuada posible, pero hay algunos puntos importantes en los que aún no hay acuerdo. Para las pymes, la reserva de mercado es clave –el texto oficial no lo contempla– teniendo en cuenta que, en las economías regionales, la mayoría de las empresas que licitan son pequeñas y medianas”, explica Kosiner a El Cronista. Y agrega: “Con esa incorporación, se busca evitar lo que hoy está sucediendo, por ejemplo, en la construcción de los jardines infantiles, que se licitan unidades escolares de distintas provincias en un mismo paquete y solo tienen capacidad de construcción las grandes empresas, que encima no son de esas provincias”. En tanto, la sanción de la Ley de Compre Argentino es la única y más importante prioridad de la comisión de Economías Regionales y Pymes del Senado. “Estamos siguiendo muy de cerca el debate que se está dando en Diputados para hacerles nuestras propuestas antes de la media sanción, así, cuando el proyecto llegue en revisión al Senado, podremos sancionarlo de inmediato”, considera el senador sanjuanino aliado de Cambiemos, Roberto Basualdo.
Con triple impacto
El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto que busca dar un marco normativo a un tipo de compañías que, en la actualidad, ya existen, pero de manera incipiente: aquellas que, en sus procesos de producción, buscan generar un triple impacto económico, social y ambiental. El objetivo fundamental de la denominada Ley BIC (Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo) es que se pueda reconocer legalmente a esta nueva forma jurídica de organización empresarial que recoge la identidad de las llamadas “Empresas B” o “B Corps”; mientras que el propósito de largo plazo es promover el desarrollo de un ecosistema de empresas y emprendedores sustentables que tengan el cuidado y preservación del ambiente entre sus fines, así como el diseño de soluciones para problemas sociales. En tanto, beneficiará a proyectos sociales, jóvenes emprendedores, actores de la economía social y solidaria, pymes, organizaciones de la sociedad civil, inversores de impacto social y consumidores. Es importante destacar que no crea beneficios especiales ni exenciones impositivas.
El texto –redactado por la Secretaría de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción de la Nación– ingresó a Diputados a fines de 2016 junto a la Ley del Emprendedor, pero no avanzaron a la par. Durante la primera mitad de este año, se analizó en la comisión de Legislación General que lidera el diputado macrista Daniel Lipovetzky, en conjunto con una iniciativa semejante impulsada por la legisladora PRO Cornelia Schmidt-Liermann. Hace algunas semanas, la propuesta obtuvo dictamen con el apoyo de todas las fuerzas políticas con representación legislativa y espera la media sanción en Diputados de un momento para otro. Luego, faltará que la apruebe el Senado.
En agenda
La agenda legislativa de la oposición para el sector incluye otros dos proyectos de ley con chances. El primero es la creación del mapa federal de pymes, que ya cuenta con dictamen unánime de las comisiones de Pymes y Población de Diputados, y espera tratamiento en Presupuesto antes de fin de año. Busca instalar, como política de Estado, el relevamiento permanente del impacto de las políticas estatales destinadas a estas empresas e impulsar la aplicación de la información obtenida en la planificación, diseño e implementación de nuevas acciones públicas a nivel nacional, regional y sectorial, materializando y garantizando el espíritu federal en la gestión de los recursos públicos.
Otro proyecto que hoy está postergado, pero que –según el diputado Kosiner– podría reflotarse después de las elecciones de octubre, es el que presentó el Bloque Justicialista para crear el “Plan nacional de diferenciación tarifaria para micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas”. En este caso, promueve un descuento en todos los servicios de electricidad, gas y agua de un 30 por ciento para las pymes hasta el 31 de diciembre de 2018. “No podemos negar que los distintos sectores industriales y las cooperativas están sufriendo disminuciones en sus ventas, producto de un menor poder adquisitivo en las familias, pero fundamentalmente por los aumentos en los costos de producción, influenciados por la suba de las tarifas de los servicios de luz, gas y agua”, justifica el diputado salteño, quien lamenta que este punto no se haya podido incorporar en la Ley Pyme.
Pequeñas grandes victorias
Sancionada en junio de 2016 a instancias de un acuerdo entre el oficialismo, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador, la Ley Pyme elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para estas empresas a partir de 2017, contempla una deducción del 10 por ciento de las inversiones del monto del Impuesto a las Ganancias, mientras que el tope de 2 por ciento de las ventas se amplió al 3 por ciento para las industrias manufactureras mipymes. También se establecen créditos fiscales en el IVA con un cupo de $ 5000 millones y permite tomar, como pago a cuenta de Ganancias, el 100 por ciento del tributo al cheque. A pedido de la oposición, se aumentaron en un 50 por ciento los topes de los REPRO para las pymes y llegará hasta $ 9060, entre otros beneficios.
En tanto, la otra victoria del sector se logró a principios de este año, luego de un intenso debate en el Senado, cuando se aprobó la Ley del Emprendedor. La norma facilita la constitución, la promoción y el crecimiento de pequeñas empresas mediante la creación de una figura jurídica, las sociedades por acciones simplificadas (SAS), que permitirá la apertura vía Internet de una empresa en un plazo no mayor a las 24 horas, incluida la apertura de una cuenta bancaria en el acto y el CUIT. Además, crea un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce), con el cual se pueden financiar emprendimientos de forma conjunta con el sector privado, y contempla una serie de beneficios impositivos para la inversión de capital, cuyos aportes podrán ser deducidos del impuesto a las ganancias.
Fuente: El Cronista
