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Industria del conocimiento: cambia la ley y crece la inquietud entre los “unicornios” (03/02/2020)
Industria del conocimiento: cambia la ley y crece la inquietud entre los “unicornios”

Nadie se atreve a aventurar si será el fin de una era. Pero el clima que se respira en las áreas legales de las grandes empresas tecnológicas es de inquietud e incertidumbre. Y no es para menos. Aunque los CEO mantienen un hermetismo total, hay nervios por los cambios a la Ley de la Economía del Conocimiento que tiene listo el equipo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Un empresario graficó así el impacto de la resolución 30 que el 20 de enero pasado suspendió la normativa aprobada en mayo pasado en el Congreso: "Cuando se votó la norma hubo inversiones, se abrieron oficinas y se presentaron presupuestos para 2020, ahora hay empresas que debieron rehacer sus previsiones y se pueden perder oportunidades en Argentina".

La revisión del esquema vigente dejó flotando en un limbo a los denominados unicornios, las empresas valuadas en más de US$ 1.000 millones. Son firmas de la talla de Mercado Libre, Globant, Despegar y OLX, todas con acciones que cotizan en Wall Street, pero también afecta a gigantes como Exxon, Chevron, Deloitte, Oracle, PWC y JP Morgan, que exportan servicios profesionales.

Ese sector vivió un boom desde la creación del régimen del software en 2004, con un incremento en sus ventas en dólares del 5% anual, y fue de los pocos, junto con Vaca Muerta y el campo, que salió ileso de la crisis del 2018 y 2019. Así, la actividad alcanzó en el último tiempo las 46.000 firmas y 439.000 asalariados, con un salario promedio de US$1.250, según datos oficiales del año pasado. 

Ahora, la industria enfrentará nuevos desafíos. Entre los más importantes, se espera un incremento de la cantidad de empleados para mantener los beneficios, un límite por tamaño de empresa para percibir las ventajas fiscales y un período más reducido de estabilidad fiscal para ser eximidas de impuestos nacionales, provinciales y municipales. 

Ahora, la industria enfrentará nuevos desafíos. Entre los más importantes, se espera un incremento de la cantidad de empleados para mantener los beneficios, un límite por tamaño de empresa para percibir las ventajas fiscales y un período más reducido de estabilidad fiscal para ser eximidas de impuestos nacionales, provinciales y municipales. 

Uno de los que aportó ideas es el ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvarezza, quien promueve la aplicación de un "tope" a los beneficios fiscales y facilidades para las Pyme. "No creo que vayan a tener problema los unicornios, la principal dificultad son los recursos humanos, no es un problema de exenciones impositivas", señaló a Clarín.

Mientras tanto, el equipo de Kulfas trata de llevar tranquilidad en las reuniones semanales que mantiene con la CESSI y Argencon, las dos entidades que agrupan a las principales empresas de la industria. En estos encuentros, los empresarios ya le trasmitieron sus dudas y llevaron sus propias propuestas.

Algunos se esperanzan con volver al menos al régimen del software, que contemplaba un bono fiscal del 70% sobre las cargas patronales y un descuento del 60% sobre ganancias. Pero también temen que se reduzca el período de establidad fiscal de 10 a 5 años, y se fije un criterio de ingreso al régimen en función de la escala del negocio y la facturación, como trascendió en los últimos días.

"Hoy exportamos US$ 6.400 millones, somos un sector con capacidad de generación de divisas y competimos afuera porque el mercado local es chico", explicó a Clarín Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, quien consideró contraproducente la eventual definición de criterios diferenciales por tamaño de empresa. "Cuando una empresa es buena vende sus servicios más allá de Argentina y gana mercados", agregó.

Desde la CESSI, en tanto, apuestan a conservar parte de las ventajas. "Confiamos en que se llegará a un acuerdo a la brevedad que afiance la continuidad jurídica de los beneficios concretados por medio de la ley anterior, los cuales fueron la base de la planificación y aporte de capital", señalaron a este medio desde la cámara. 

Una de las principales incógnitas es si Kulfas busca redistribuir la actual masa de beneficios impositivos entre las pyme y las empresas más grandes o sí, por el contrario, aprovechará -en plenas negociaciones con los acreedores- para reducir el costo del programa, que para el 2020 había sido estimado por la gestión anterior en $13.000 millones.  

Fuente: Clarín