La necesidad de financiamiento para empresas y comercios castigados por la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus forzó la intervención de varios gobernadores ante la banca privada.
En La Pampa, la Legislatura se encamina a aprobar este jueves un proyecto de ley que envió en las últimas horas el gobernador Sergio Ziliotto (PJ) para aumentar de 9% a 14% el impuesto a los ingresos brutos que pagan en esa provincia las 134 terminales bancarias privadas. La polémica medida, según justificó el mandatario, se adopta como “castigo” a esas entidades por el escaso acompañamiento en tiempos de urgencias financieras.
“Aumentamos los impuestos a la banca privada que acumula grandes ganancias y no pone lo que hay que poner, y le subimos del 9% al 14% ingresos brutos”, dijo Ziliotto. “Es un impuesto provincial, se coparticipa a los municipios y lo que tiene que ver con el ingreso específico para Rentas Generales de la Provincia tiene afectación específica para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas”, agregó el mandatario y aseguró que con este aporte extraordinario que realizaría la banca privada la Provincia recaudaría unos 67 millones de pesos adicionales.
La medida, en tanto, no alcanzará a los bancos públicos, el Banco de La Pampa y el Nación, que seguirán tributando el 9%.
“Son momentos de solidaridad, los que más ganaron, más tienen que aportar”, justificó Ziliotto.
Un camino similar pero sin penalidad propone el gobierno de Mendoza. En las últimas horas, la administración del radical Rodolfo Suarez pidió a la Casa Rosada que la autorice a constituirse en intermediaria entre los bancos y los empresarios y comerciantes cuyanos para acortar los plazos y los procesos para el acceso a los créditos anunciados por Nación a una tasa del 24%.
La intención de Mendoza es canalizar esos fondos a través de organismos locales cuyas condiciones para acceder a las líneas de préstamos terminan siendo mucho más favorables para las Pymes, uno de los sectores más castigados por el parate económico del coronavirus.
En la senda del apoyo a los pequeños sectores económicos provinciales, el gobierno de Córdoba oficializó este miércoles la eximición del pago del impuesto de Sellos sobre las operatorias de las Micro, Pequeñas y/o Medianas Empresas (Mipymes), con el propósito de “reducir el costo impositivo, en razón de la situación excepcional en que se halla inmerso el país” como consecuencia de la pandemia.
El decreto, que se publicó ya en el Boletín Oficial de la provincia, regirá hasta el 30 de junio próximo, con posibilidades de ser prorrogado el plazo.
La eximición de Sellos beneficiará a todas las empresas con certificación Mipymes, impuesto que aplican las entidades financieras a los contratos y operaciones vinculadas con las gestiones crediticias.
La medida, aseguran desde la administración de Juan Schiaretti, está en consonancia con las adoptadas por el Gobierno nacional.
