Los cambios son un retroceso en el camino hacia una economía más competitiva y con incentivos al empleo.
En los primeros años del actual gobierno nacional, los cambios tributarios tenían la lógica de mejorar la competitividad de la economía. Con mayor o menor ritmo, se plantearon modificaciones en pos de eliminar o de reducir impuestos distorsivos, bajar el costo laboral no salarial e incentivar la inversión.
Pero, en medio de la crisis, lo importante cedió paso a lo urgente y las necesidades fiscales inmediatas desbarataron el camino iniciado.
En este nuevo reparto de impuestos aparecen algunos pocos ganadores y muchos perdedores desde el punto de vista de la competitividad.
Ganancias. Aunque a las empresas les mantienen la reducción de alícuota, del 35 al 30 por ciento desde 2018 (si no distribuyen utilidades), la postergación arbitraria del ajuste por inflación, en un año con precios disparados, puede llevar a que muchas compañías paguen sobre una renta ficticia, con una alícuota mayor a la legal.
Cooperativas y mutuales que prestan servicios financieros están entre los perjudicados por los cambios, porque se volvió a incluir la eliminación de la exención que habían logrado quitar en la reforma de 2017.
Para los individuos, la situación no cambia. La actualización automática por la variación salarial (fijada a fines de 2016), asegura la suba de las deducciones y los parámetros para el año próximo. Algo similar sucede con las escalas y aportes del Monotributo, que variarán en función de la movilidad previsional.
Por otra parte, se mantendrían las exenciones de ciertos trabajadores y jubilados establecidos por fuera de la ley nacional, ya que el intento oficial de eliminarlas fue incluido en la addenda fiscal, pero es muy resistido por las provincias.
Bienes Personales. Para el ejercicio 2018, que vence el año próximo, se mantienen los cambios previstos en la ley de blanqueo: el mínimo no imponible será de 1,05 millones de pesos y la alícuota, de 0,25 por ciento.
Pero para el año fiscal 2019, se establece una escala de alícuotas progresiva de entre 0,25 y 0,75 por ciento; se eleva al uno por ciento en el caso de bienes del exterior (una zancadilla a quienes blanquearon) y se pretende incorporar a los inmuebles rurales. Este último tema (ayer se analizaban cambios) no es menor por la valuación de los campos, que se suma a las retenciones a las exportaciones.
El impacto en la recaudación se verá recién en 2020 (salvo cambios en anticipos), cuando también terminará la exención de tres años para los contribuyentes cumplidores.
Así, se da marcha atrás en la intención de la reforma del impuesto (en 2016) de ordenar la estructura tributaria para dejar en manos de las provincias el cobro de gravámenes patrimoniales.
Impuestos provinciales. Casi lo único que se pudo salvar fue el esquema progresivo de baja de alícuotas de Ingresos Brutos.
Aunque en varias provincias la “picardía” de subir las tasas inferiores al tope les dio un colchón, en otras jurisdicciones el costo será importante. A cambio, la disminución de un tributo anacrónico como Sellos deberá esperar.
Otros cargos. Como punto a favor, se mantienen las ventajas tributarias para las Pyme y la eliminación de Ganancia Mínima Presunta.
En contra, la generalizada reinstauración de las retenciones, el freno de la menor presión por el Impuesto al Cheque y a la suba del mínimo no imponible en las cargas laborales atentan contra las exportaciones, la bancarización y el empleo registrado.
Como corolario, el gran retroceso tributario de este año no será por la mayor presión fiscal que habrá que soportar, sino porque se aparta del camino hacia una economía más competitiva que incentive el empleo y la inversión.
Los cambios son un retroceso en el camino hacia una economía más competitiva y con incentivos al empleo.
Fuente: La Voz
