La Oficina Anticorrupción lanzó una guía para que las pequeñas y medianas empresas implementen por sí mismas programas adecuados de integridad a bajo costo.
as pequeñas y medianas empresas también tienen que acatar las reglas, y eso incluye el "no sobornarás". De no hacerlo, pueden ser sancionadas en la Argentina, pero también en el extranjero. Según la Oficina Anticorrupción (OA), la corrupción es uno de los principales obstáculos que enfrentan las pymes en su entorno de negocios. En la Argentina hay 850.000 empresas pequeñas y medianas, y el 99% de ellas son micropymes. Generan el 70% del empleo registrado. A partir del año pasado, tienen algunas obligaciones más a la hora de defenderse ante posibles actos de corrupción internos y también externos, y/o de su propia cadena de valor.
El 1° de marzo de 2018 se entró en vigor la ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, ante hechos de corrupción. La pena máxima puede llegar a la suspensión de la personaría jurídica, con lo cual la empresa no podría operar. La ley penaliza el cohecho, es decir, las dádivas a un funcionario público nacional o extranjero y también las negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros delitos. El artículo 6° de la ley es duro: "La persona jurídica podrá ser condenada aun cuando no haya sido posible identificar o juzgar a la persona humana que hubiere intervenido, siempre que las circunstancias del caso permitan establecer que el delito no podía haberse cometido sin la tolerancia de los órganos de la persona jurídica".
Las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, ya estaban desde antes en tema, ya que hay múltiples leyes de países extranjeros que impactan directamente en la actividad en la Argentina. Entonces, esas firmas ya tenían programas de compliance bien armados: ese es uno de los principales requisitos que menciona la ley para atenuar las penas. El resto de las empresas grandes tomaron nota y pusieron en marcha sus equipos de compliance, muchas de ellas siguiendo los "Lineamientos para la implementación de programas de integridad" que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, difundió meses después.
Pero, ¿qué pasa con las pymes? ¿Es posible para ellas tener in house un equipo de compliance que pueda trabajar en la prevención de la corrupción? La respuesta es no. Y, sin embargo, están tan sujetas a la ley tanto como las empresas grandes.
Carlos Rozen, socio de la firma BDO, recuerda que durante los intensos meses en los que se debatió el proyecto de ley en las comisiones del Congreso, "ya había una crisis económica. Entonces, hubo mucho ida y vuelta con respecto a si las pymes debían o no estar incluidas en esta ley de responsabilidad penal. Se debatía cómo impactaría este esfuerzo de tener que cumplir con un programa de integridad, al mismo tiempo que las pymes se quejaban de la presión fiscal, una de las mas altas del mundo". En ese momento, en 2017, estaba latente la posibilidad de que la ley alcanzara solo a las empresas grandes. Sin embargo, "la mayor parte de la riqueza del país esta producida por las pymes -continúa el socio de BDO- y, finalmente, se las incluyó en el proyecto. La única distinción que hace la ley es que la empresa con mayor capacidad económica tiene penas mas altas".
Una guía en proceso
En este marco, la OA elaboró una guía para pymes, que está bajo la modalidad de consulta pública. "La ley 27.401 sirve para que las pymes se protejan de la corrupción. La propuesta de guía de integridad para pymes que ponemos a consulta pública, les da herramientas para conocer los riesgos, identificarlos y desarrollar las mejores prácticas. No es necesario que gasten dinero ni que compren consultorías caras cuando pueden tomar esta guía que les proponemos", dijo Alonso durante el Foro Pyme, organizado por el Ministerio de Producción, esta semana. "Además deben unirse como pymes contra la corrupción; no sirve una empresa héroe/mártir. Necesitamos que actúen colectivamente para decir no a la corrupción", agregó Alonso. "Aprópiense de las nuevas reglas y las reformas de transparencia, que fueron hechas para facilitarles la existencia, desde la simplificación de trámites hasta la digitalización y despapelizacion de la administración."
Los pasos que propone la Oficina Anticorrupción a las pymes son:
- *Compromiso: la organización debe querer realmente crear una cultura de integridad. El compromiso tiene que ser asumido por las máximas autoridades, se debe hacer de manera explícita, por escrito o de una forma mas directa y personal.
- *Evaluación de riesgos: se trata de conocer en qué parte del proceso productivo puede haber riesgo de corrupción, ya sea porque hay interacción con funcionarios públicos, o porque, por ejemplo, el departamento de compras no informa correctamente sus procesos. En el documento de la OA hay una serie de preguntas-guía como. Por ejemplo: la empresa, ¿tiene clientes, proveedores u otros terceros con una relación de parentesco con un funcionario público?
- *Plan de acción: se puede no tener un departamento de compliance, pero de acuerdo con la normativa vigente, hay tres elementos obligatorios si la empresa quiere defenderse ante un hecho que "se le escapó de las manos": un código de ética que incluya, por ejemplo, la política de la empresa con respecto a los obsequios. "La regla general debe ser la prohibición de hacer regalos a los funcionarios públicos", sugiere la guía. Aquí hay un punto muy importante, y es que el empleado debe conocer cuáles son los canales para denunciar un hecho relacionado con la corrupción. Es decir, saber con quién hablar, cómo hacer una denuncia anónima y tener a mano el número de un 0800 para denuncias, si lo hubiere. Además, todos los integrantes de la organización necesitan capacitarse adecuadamente y luego hacer un registro adecuado de las acciones que se llevaron a cabo.
- *Implementación: hay más tareas, entre ellas, la de mantener los libros contables y registros precisos de todas las transacciones financieras de la empresa. Otro ítem importante es el due diligence, es decir, el análisis de todas las empresas que tienen contacto con la pyme, ya que los proveedores que cometan hechos de corrupción pueden involucrar a la empresa que los contrata, aunque los responsables de esta última no lo sepa.
- *Impacto y mejora: realizar un análisis periódico del impacto del programa, si hubo denuncias, etcétera.
"Hoy en día es mucho mas importante para una pyme subirse a la ley. Una implementación adecuada no es onerosa. Lo importante es que haya una real intención de hacer los negocios de manera transparente y un claro mensaje de tolerancia cero a la corrupción", cierra Rozen.
Fuente: La Nación Pymes
